La decisión ha generado una ola de cuestionamientos constitucionales.
La Junta Nacional de Justicia (JNJ) resolvió anular la destitución de la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides, en una medida que reconfigura el mapa del poder judicial en el Perú. Si bien la resolución restituye su condición de fiscal suprema titular, la JNJ fue más allá: oficiará a la fiscal de la Nación en funciones, Delia Espinoza, para que Benavides sea repuesta en el máximo cargo del Ministerio Público. Esta pretensión, jurídicamente cuestionable, ha encendido las alertas sobre una eventual colisión de competencias entre órganos del Estado.
Antecedentes: de fiscal de la Nación a destituida y ahora restituida
El 6 de diciembre de 2023, la JNJ suspendió provisionalmente a Patricia Benavides del cargo de fiscal suprema titular, tras abrirse una investigación disciplinaria en su contra. Esa suspensión no alcanzó su rol como fiscal de la Nación, cargo que —al quedar acéfalo por efecto funcional— fue asumido primero por Juan Carlos Villena y luego por Delia Espinoza, mediante elección de la Junta de Fiscales Supremos.
El 22 de mayo de 2024, la JNJ resolvió destituirla definitivamente como fiscal suprema titular por faltas graves en su desempeño. Sin embargo, el 13 de junio de 2025, el mismo organismo decidió anular esa medida, tras aceptar un recurso de revisión presentado por su defensa. Con esa resolución, Benavides recupera su estatus de fiscal suprema, aunque todavía pesa sobre ella una sanción disciplinaria de 60 días por otro expediente pendiente.
¿Puede la JNJ reponerla como fiscal de la Nación?
No. Según el marco constitucional, el cargo de fiscal de la Nación no es designado por la JNJ, sino por votación entre los fiscales supremos titulares. La JNJ solo tiene potestad para nombrar o destituir fiscales, pero no para decidir quién lidera el Ministerio Público.
A pesar de ello, en la resolución firmada por el presidente de la JNJ, Gino Ríos, se indica:
“Ofíciese a la fiscal de la Nación para que reponga a la señora Liz Patricia Benavides Vargas en el cargo de fiscal de la Nación”.
Este acto ha sido calificado como un exceso de atribuciones y una intromisión en competencias autónomas del Ministerio Público, según múltiples especialistas constitucionales y exmagistrados consultados por medios locales.
Declaraciones: entre la amenaza y la resistencia
El abogado de Benavides, Humberto Abanto, sostuvo que la decisión es obligatoria para los fiscales supremos:
“A menos que los señores miembros de la Junta de Fiscales Supremos quieran someterse a un proceso de destitución por desobedecer las órdenes de la JNJ, el lunes se debe cumplir este mandato”.
No obstante, el mandato de restitución en el cargo de fiscal de la Nación carece de sustento legal, ya que Benavides nunca fue destituida formalmente de ese cargo, sino del cargo de fiscal suprema. En consecuencia, no puede ser repuesta en una función que constitucionalmente no le fue retirada.
Además, se debe recordar que sobre ella pesa una sanción vigente de 60 días por otro procedimiento, lo que impide cualquier reincorporación inmediata a la función.
Otras restituciones: el caso de Tomás Gálvez
En paralelo, la JNJ también resolvió reponer a Tomás Gálvez como fiscal supremo titular, en cumplimiento de una sentencia del Tribunal Constitucional (TC), tras un proceso de amparo tramitado por el Décimo Juzgado Constitucional de Lima. Gálvez fue destituido en 2021 por sus presuntos vínculos con el caso “Cuellos Blancos del Puerto”, pero el TC determinó que su remoción no cumplía con el debido proceso establecido en la Ley de la Carrera Fiscal.
El propio Gálvez confirmó su retorno al cargo este lunes 17 de junio y ha desistido de su aspiración presidencial. Corresponderá a la Junta de Fiscales Supremos determinar qué despacho ocupará en el Ministerio Público.
Claves legales y constitucionales del conflicto
- Patricia Benavides fue suspendida (diciembre 2023) y destituida (mayo 2024) como fiscal suprema, no como fiscal de la Nación.
- La JNJ anuló la destitución del 22 de mayo, con lo cual vuelve a ser fiscal suprema, pero no titular del Ministerio Público.
- La sanción del 9 de junio (60 días) sigue vigente y no fue objeto de anulación.
- La Constitución establece que la fiscal de la Nación es elegida por la Junta de Fiscales Supremos, no por la JNJ ni por la fiscal en funciones.
Implicancias institucionales y políticas
La resolución ha sido interpretada por diversos analistas como un intento de forzar una salida política a favor de Benavides, que mantiene apoyo en algunos sectores conservadores del Congreso y del aparato judicial. Sin embargo, si la fiscal de la Nación Delia Espinoza acatara el pedido de la JNJ, podría estar incurriendo en un acto inconstitucional.
Además, este episodio podría provocar una crisis de gobernabilidad institucional dentro del Ministerio Público, con fricciones internas entre los fiscales supremos y posibles acciones legales ante el TC o incluso el Congreso.
Lo que viene: tensión en aumento
Todo apunta a que el lunes 17 de junio será un día clave. La presencia de Patricia Benavides en la sede del Ministerio Público podría abrir un nuevo frente de confrontación. Sin embargo, mientras no se levante la sanción disciplinaria vigente, su retorno está legalmente impedido.
Por su parte, la fiscal Espinoza aún no ha emitido pronunciamiento oficial. El gremio fiscal y diversas organizaciones civiles exigen que se respete la autonomía del Ministerio Público y que no se vulneren los mecanismos de designación interna establecidos por ley.
¿Retorno o presión simbólica?
La decisión de la JNJ ha generado un choque institucional sin precedentes recientes. Si bien Benavides recupera su condición de fiscal suprema titular, el intento de reposicionarla como fiscal de la Nación sin elección interna puede interpretarse como una señal política más que jurídica.
Lo cierto es que la restitución forzada, de ejecutarse, socavaría la legitimidad del Ministerio Público y abriría la puerta a futuros intentos de manipulación institucional. En un país donde la independencia de poderes es constantemente puesta a prueba, este episodio marcará una línea divisoria en la historia reciente de la justicia peruana.
