Expertos en derecho internacional cuestionan la legalidad de los ataques iniciales y advierten que la respuesta iraní también podría vulnerar normas internacionales.
Los ataques coordinados de Estados Unidos y Israel contra Irán iniciados el 28 de febrero han abierto un intenso debate jurídico internacional sobre su legalidad. Mientras Washington y Tel Aviv justifican la operación como una acción preventiva ante una supuesta amenaza nuclear iraní, expertos en derecho internacional sostienen que podrían no cumplirse las condiciones establecidas por la Organización de las Naciones Unidas para el uso legítimo de la fuerza. La respuesta militar de Irán también ha generado cuestionamientos por posibles ataques indiscriminados.
Contexto del conflicto y antecedentes
El enfrentamiento militar se produjo en un contexto de tensiones prolongadas entre Irán y sus adversarios occidentales y regionales. Estados Unidos e Israel sostienen desde hace años que el programa nuclear iraní representa una amenaza para la seguridad regional y global.
El presidente estadounidense Donald Trump afirmó que Irán estaba desarrollando armas nucleares capaces de amenazar a aliados de Washington e incluso al territorio estadounidense. Por su parte, el presidente israelí Isaac Herzog señaló que los presuntos planes iraníes para construir una bomba nuclear constituían motivo suficiente para una acción militar.
La ofensiva incluyó bombardeos contra objetivos en territorio iraní, entre ellos instalaciones vinculadas al programa nuclear y otras infraestructuras estratégicas. Irán respondió con ataques con misiles y drones contra Israel y contra países del Golfo que albergan bases militares estadounidenses.
Las hostilidades han causado víctimas civiles y militares. Organizaciones humanitarias reportan más de mil muertos en Irán desde el inicio de los ataques, mientras que decenas de personas han fallecido en Israel, Líbano y en países del Golfo Pérsico afectados por los bombardeos.
El marco legal internacional
El debate jurídico gira en torno a las normas establecidas en la Carta de las Naciones Unidas, firmada tras la Segunda Guerra Mundial para regular el uso de la fuerza entre Estados.
Dos disposiciones son fundamentales:
- Artículo 2(4): prohíbe a los Estados amenazar o utilizar la fuerza contra otros países.
- Artículo 51: permite el uso de la fuerza únicamente en caso de legítima defensa frente a un ataque armado.
El punto central del debate es determinar si Irán representaba una amenaza inminente, condición necesaria para justificar una acción militar preventiva.
La experta en derecho internacional Susan Breau señaló que la legítima defensa requiere “pruebas irrefutables de un ataque inminente”, algo que —según afirmó— no se ha presentado públicamente.
En la misma línea, el abogado de derechos humanos Geoffrey Nice indicó que existe una “posibilidad significativa de que el inicio de la guerra no haya sido legal”.
El debate sobre la amenaza nuclear iraní
Las autoridades estadounidenses sostienen que la ofensiva buscaba impedir el avance del programa nuclear iraní. Sin embargo, el director del Organismo Internacional de Energía Atómica, Rafael Grossi, declaró recientemente que, aunque Irán posee un programa nuclear amplio, no se han encontrado pruebas concluyentes de que esté desarrollando armas nucleares.
Un informe de la Agencia de Inteligencia de Defensa de Estados Unidos también indicó que Irán se encontraba todavía a años de desarrollar misiles capaces de alcanzar largas distancias.
En el ámbito jurídico, el concepto de “inminencia” resulta clave. Según el académico Marc Weller, el término implica que el ataque enemigo sea prácticamente inevitable y que no exista otra alternativa razonable para detenerlo.
¿Fue legal la respuesta de Irán?
Aunque Irán ha justificado su ofensiva como un acto de legítima defensa, expertos sostienen que algunas de sus acciones podrían haber violado el derecho internacional.
Weller señala que los ataques iraníes contra infraestructuras y ciudades en países del Golfo podrían considerarse indiscriminados. El derecho internacional humanitario exige que los ataques militares distingan entre objetivos militares y civiles y que el daño colateral sea proporcional.
Nice añadió que incluso cuando un Estado actúa en defensa propia, la respuesta debe respetar el principio de proporcionalidad. El uso de misiles o drones contra áreas civiles podría considerarse desproporcionado y, por tanto, ilegal.
Implicaciones para el orden internacional
Especialistas advierten que la falta de consenso sobre la legalidad del conflicto podría debilitar el sistema internacional construido tras la Segunda Guerra Mundial.
Breau sostiene que aceptar acciones militares sin una base jurídica clara podría alentar a otros Estados a justificar el uso unilateral de la fuerza en disputas territoriales o estratégicas.
En análisis publicados por centros de estudios internacionales, se advierte que situaciones como esta podrían erosionar la autoridad jurídica de las potencias que históricamente han defendido el respeto al derecho internacional.
Panorama
El conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán ha reavivado el debate sobre los límites del uso de la fuerza en el sistema internacional. Mientras las partes implicadas sostienen que sus acciones están justificadas, numerosos expertos consideran que las condiciones legales para el inicio de las hostilidades y para algunas de las respuestas militares siguen siendo objeto de una intensa controversia jurídica.
