La aprobación del Congreso representa un triunfo político clave para el presidente. La nueva ley amplía derechos laborales tras décadas de reformas regresivas.

Ayer viernes 20 de junio, el Congreso de Colombia aprobó la reforma laboral impulsada por el gobierno de Gustavo Petro. Tras meses de tensiones entre el Ejecutivo y el Legislativo, el mandatario anunció que retirará el decreto que convocaba una consulta popular sobre la misma, al considerar que ya no es necesaria. La aprobación se dio en el último día del período legislativo ordinario y marca un hito para el proyecto político del primer presidente de izquierda del país.
Contexto: una reforma polémica y un decreto que tensó la democracia
La reforma laboral formaba parte del paquete de “reformas sociales” con el que Petro llegó al poder en 2022. Sin embargo, su trámite fue complejo: el Congreso había archivado el proyecto en varias ocasiones, y las mayorías fluctuantes pusieron en riesgo su avance definitivo. En respuesta, y ante lo que consideró un bloqueo político, el presidente emitió un decreto convocando a una consulta popular, pese a que el Senado había rechazado esa alternativa.
El llamado “decretazo” fue ampliamente criticado por juristas y sectores opositores, que lo calificaron como una amenaza al equilibrio de poderes. Diversos analistas lo compararon con una acción de hecho que vulneraba las competencias del Congreso y abría la puerta a un conflicto institucional.
La aprobación de la reforma este viernes desactivó el conflicto. Petro celebró la decisión y escribió en su cuenta de X: “El pueblo trabajador de Colombia ha ganado su primera victoria después de 34 años”. Añadió que derogará el decreto de consulta, ahora sin objeto.
Reacciones desde todos los frentes
La aprobación de la reforma generó fuertes reacciones en distintos sectores. El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, calificó la jornada como “una reivindicación histórica del trabajo digno en Colombia”, destacando que se trata de una ley “que restablece derechos vulnerados por reformas anteriores”.
Desde el Congreso, sectores progresistas como el Pacto Histórico y la Alianza Verde celebraron la votación como un “triunfo de la democracia social”. La senadora María José Pizarro afirmó que se trataba de “un paso hacia un modelo laboral más humano y con enfoque de equidad”.
En contraste, gremios empresariales como la ANDI, y partidos de oposición como el Centro Democrático, advirtieron sobre los riesgos que implican los nuevos costos laborales. El senador Miguel Uribe Turbay declaró que la reforma es “una receta para el desempleo” y acusó al gobierno de ignorar el impacto económico sobre las pequeñas y medianas empresas.
Principales cambios que introduce la reforma
La nueva ley modifica de forma sustancial las condiciones laborales en Colombia. Entre los puntos más destacados se encuentran:
- Contrato laboral para aprendices del SENA: Los estudiantes en prácticas recibirán contrato formal, salario completo y prestaciones, beneficiando a casi 8 millones de personas por año.
- Horas extra desde las 7:00 p.m.: Aumenta la compensación por jornadas nocturnas. Antes se contabilizaban a partir de las 9:00 p.m.
- Recargo dominical y festivo del 100%: Se eleva del 75% al 100%, duplicando la remuneración por trabajo en estos días.
- Limitación a contratos a término fijo: No se podrá contratar por más de cuatro años consecutivos bajo esta modalidad. Pasado ese tiempo, el contrato será indefinido automáticamente.
- Formalización de 60.000 madres comunitarias: Trabajadoras de hogares infantiles, sustitutas y cuidadoras accederán a empleo formal con garantías legales.
Implicancias políticas y estratégicas para el gobierno
La reforma laboral se convierte en una pieza clave en la narrativa política del gobierno, que ha tenido dificultades para consolidar su coalición legislativa. A esta aprobación se suma el aval de la Corte Constitucional a la reforma pensional, que había sido aprobada en el Congreso pero enfrentaba cuestionamientos por su trámite. Aunque la pensional deberá ser ratificada nuevamente por la Cámara de Representantes, donde Petro mantiene mayorías, se prevé una votación favorable.
Ambos logros llegan en un momento crítico para el Ejecutivo, que aún tiene pendiente la aprobación de la reforma a la salud, probablemente la más compleja y resistida de su mandato. La reforma ha sido archivada en repetidas ocasiones, y su futuro depende del reordenamiento de fuerzas políticas en el Congreso.
¿Qué significa la propuesta de “papeleta” constituyente?
En el mismo mensaje donde anunció el retiro del decreto, Petro insinuó una nueva iniciativa: “Será entregada una papeleta para convocar la asamblea nacional constituyente en las próximas elecciones”. Si bien no especificó cómo funcionará, la propuesta recuerda al movimiento ciudadano de 1990, que impulsó el proceso que derivó en la Constitución de 1991.
Aunque las papeletas no tendrían efecto jurídico inmediato, su valor simbólico podría activar una discusión nacional sobre una eventual Asamblea Constituyente, algo que la oposición ha calificado de “inconstitucional” y “populista”.
Victoria legislativa en medio de incertidumbre institucional
La aprobación de la reforma laboral marca un momento de consolidación para el proyecto de Petro, que después de varios tropiezos logra avanzar en su agenda transformadora. El retiro del polémico decreto permite descomprimir la tensión con el Congreso, pero el anuncio de una eventual constituyente reabre el debate sobre los límites institucionales y la estabilidad democrática.
Mientras tanto, miles de trabajadores colombianos verán mejoras inmediatas en sus condiciones laborales. Resta ver si el Ejecutivo logra convertir este impulso en capital político suficiente para sacar adelante las otras reformas pendientes. La disputa por el modelo de país continúa, pero por ahora, el gobierno ha ganado una batalla clave.